El Banco Central del Uruguay (BCU) publicó recientemente sus estadísticas vinculadas al desempeño de las instituciones financieras y su volumen de negocios en el tramo final del 2024, confirmándose nuevamente que el crédito ha registrado un crecimiento sustancial en nuestro país. Sin duda alguna, este mecanismo de financiación es un pilar fundamental en el entramado económico del Uruguay, siendo clave para el fomento del crecimiento empresarial y económico.
El propio Banco Mundial sostiene que el crédito es un componente esencial en el marco de la inclusión financiera. A diferencia de lo que podría suceder en otras latitudes, la infraestructura y logística desarrollada por nuestro país permite que las barreras geográficas, la falta de mecanismos bancarios, las brechas digitales o las limitaciones comerciales no sean preocupaciones cotidianas, propiciándose un ecosistema ideal para el florecimiento del crédito.
El crédito otorgado a empresas es mínimamente superior, porcentualmente, que el otorgado a familias. El primero asciende al entorno del 55% del total, mientras que el segundo significa el 45%.
El crédito a empresas se otorga principalmente a empresas grandes, y los sectores que lo concentran son diversos. También es diverso, entonces, el crecimiento que cada sector registró en este tramo. En el último año, el saldo en el sector agropecuario subió un 8% en dólares, mientras que en la industria tuvo una leve caída en el entorno de un 1%. La construcción, por su parte, fue el sector que tuvo mayor crecimiento, siendo este superior al 20%.
Algunas soluciones para los problemas de acceso al crédito para empresas, como el Sistema Nacional de Garantías para Empresas (SiGa), desarrollado específicamente para micro, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), intentaron descomprimir y facilitar el acceso al crédito para esta porción del ecosistema financiero a través del otorgamiento de garantías. En este caso, la implementación de la propuesta se da a través de Bancos y Empresas Administradoras de Crédito, facilitando el servicio para aquellas empresas que no superaren el monto de75.000.000 UI (aproximadamente USD 10.500.000) de ventas anuales. El costo de la garantía otorgada se diseña específicamente para cada cliente, definiéndose en base a su última calificación en la Central de Riesgos del BCU, garantizándose montos que ascienden a topes de UI 1.200.000 (aproximadamente USD 170.000) por coberturas de hasta el 70% del crédito referido, el que puede estar vinculado a capital de trabajo o de inversión.
Otro segmento en el que vale la pena enfocarse es el de los jóvenes, entendidos estos como personas físicas menores de 30 años. El BCU relevó su situación a inicios del 2024, dándose cuenta de que los deudores jóvenes presentan una mayor proporción de dificultades en capacidad de pago que el resto de la población, si bien es cierto que los montos por ellos adeudados son menores y las relaciones financieras mantenidas también lo son (aunque a mayor dificultad de pago, mayores el número de relaciones financieras mantenidas). Sus relaciones financieras se mantienen, de forma mayoritaria, con Empresas Administradoras de Crédito (70%), a las que siguen los Bancos (59,8%).
El crédito solicitado por los jóvenes se vincula, en general, con el consumo (99,6%) siendo ínfimo el porcentaje vinculado a deudas hipotecarias (0,22%) y deudas por adquisición de automóviles (4,14%). Las deudas contraídas se efectivizan a través de tarjetas de crédito (71,5%), préstamos amortizables (39,6%), préstamos a plazo fijo (5,8%) y sobregiros en cuenta corriente (5,6%).
Volviendo al análisis del panorama general, los números actuales muestran que el volumen de crédito en el sistema uruguayo es de USD 23.800 millones. Esta cifra comprende bancos públicos, bancos privados y empresas financieras no bancarias, las que, sin embargo, no informan sus números del mismo modo que las instituciones bancarias. Del monto informado, más del 90% corresponde a la operativa de Bancos -alrededor de USD 22.000 millones- y el monto restante, de aproximadamente USD 1.800 millones, corresponde a financieras no bancarias.
El aumento interanual del 2024 es de alrededor de 9% en dólares, lo que representa un mínimo descenso en el crecimiento si se lo compara con las tasas de 2022 y 2023 -de 23% y 13%, respectivamente- que sin embargo confirma la tendencia de crecimientos elevados, distintos de los registrados en años anteriores, de entre 2 y 5%anual. Esta tendencia se mantiene desde el 2021, luego de superarse un estancamiento en el período comprendido entre 2018 y 2020.
El crédito otorgado a familias es diverso, pero suele tener destinos domésticos, y se vincula, muchas veces, con la adquisición de vehículos, los préstamos hipotecarios o los créditos al consumo, lisa y llanamente.
Existiendo el mencionado aumento en el crédito, y en atención a otras iniciativas en este último año, se hace necesaria la consideración de la morosidad como un punto de análisis importante. La misma, entendida como la proporción de créditos vencidos dentro del total de créditos otorgados, se mantiene baja para parámetros históricos, existiendo, sin embargo, diferencias por segmento. La mora es extremadamente baja en lo vinculado al crédito empresarial, ubicándose el indicador en 1% en 2024. En relación al crédito a las familias, la mora se redujo mínimamente en los bancos públicos y subió mínimamente en los privados, ubicándose en ambos casos, de todos modos, en niveles históricamente bajos. Las financieras no bancarias, que en todos los casos suelen tener niveles de morosidad más altos, por operar con perfiles de clientes más riesgosos, mantuvieron esta tendencia.
Con el objetivo de reducir la morosidad se impulsó originalmente el Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas del BCU, el que se encontró activo hasta noviembre de este año, con el objetivo de acaparar los créditos vencidos de cerca de un millón de personas que tenían dificultades de pago. El mismo permitía la reestructuración de deudas de hasta $100.000 y el perdón de las menores a $5.000. Con este mecanismo, se reestructuraron o cancelaron cerca de 280.000 operaciones, lo que implica un resultado de considerables implicancias. De todos modos, aún queda observar, en este sentido, si estas personas volverán a acceder a créditos y, en caso de haberse reestructurado los pagos de sus deudas, si efectivamente cumplirán con las condiciones que fueron negociadas. Esta evaluación permitirá conocer la viabilidad de la implementación de este tipo de soluciones en el futuro.
Aun en vistas del aumento registrado en el crédito, la preponderancia del mismo en nuestra economía no deja de ser reducida si se la compara con las mediciones internacionales. En nuestro país, el crédito representa el 29% del PBI; el crédito a las empresas se sitúa en un 16% y el crédito a las familias en un13%. En los países de la región, como Chile, Brasil, Paraguay, Perú y Colombia, el mismo se encuentra en niveles mucho más elevados y cercanos al 50% del PBI. Por otra parte, países como Estados Unidos o los pertenecientes a la Unión Europea alcanzan niveles del crédito cercanos al 75% del PBI.
Es decir, aunque el crédito y su otorgamiento siguen creciendo en nuestro país, esto no implica que no exista, aun, un considerable margen para aumentar su utilización como una herramienta central, que propicie el crecimiento económico y la utilización de recursos no líquidos, contribuyendo a que familias, empresas y entidades gubernamentales puedan acceder a bienes y servicios, así como invertir, de forma más accesible.
