En Uruguay quien aconseja en forma profesional y habitual sobre inversiones, mediante recomendaciones personalizadas, entra en el perímetro del Banco Central del Uruguay (“BCU”), se llame asesor, creador de contenido o “influencer financiero”.
Bajo la regulación uruguaya, hay asesoramiento en inversiones como actividad regulada por el BCU, cuando se aconseja a terceros, en forma profesional y habitual, sobre la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o cuando se canalizan sus órdenes hacia intermediarios del país o del exterior (art. 124 de la RNMV). El origen legal es el artículo 117 de la Ley 18.627, y quien lo hace, debe estar inscripto y habilitado por el BCU.
Determinan la solicitud de inscripción previa ante el BCU conforme al art. 124.1 de la RNMV, las actividades de, por un lado, asesoramiento en valores objeto de oferta pública, que implica aconsejar brindando recomendaciones personalizadas que mejor se adapten a los objetivos y necesidades de los clientes (literal a), y por otro, la canalización de órdenes de los clientes hacia intermediarios (literal b). En cambio, elaborar informes de inversiones y análisis financieros, así como recomendaciones generales o no personalizadas relativas a valores, aparece solo como actividad complementaria (literal e), el asesor registrado puede realizarla, pero no es lo que define su licencia. Esta distinción es la que, en la práctica, excluye del perímetro regulatorio a las consultoras que elaboran informes financieros de carácter general, no dirigidos a clientes determinados.
Trasladado a las redes sociales, un video o una publicación dirigida al público en general, que sugiera comprar o vender determinado valor, se parece más a una recomendación general que a un asesoramiento. El límite se cruzaría cuando el finfluencer pasa a recomendar a cada seguidor en que invertir según sus objetivos y su situación, o cuando canaliza sus órdenes.
En dicho sentido, las señales de alerta en un influencer financiero o finfluencer son:
• El contenido es su fuente de ingresos (suscripciones pagas, mentorías,etc).
• Responde consultas sobre la cartera o situación de cada seguidor, y recomienda comprar, vender o mantener inversiones en valores.
• Canaliza órdenes o deriva seguidores hacia un broker o plataforma a cambio de una comisión.
Cuando estos elementos se combinan, la actividad se parece mucho a la de un asesor de inversión sin registro. Incluso vale la pena advertir que una leyenda del tipo "esto no es asesoramiento" no protege a quien, en los hechos, brinda recomendaciones personalizadas en forma profesional y habitual. Por eso antes de seguir un consejo, es importante que el inversor verifique en el BCU si la persona o entidad está registrada a través de su página web institucional: https://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/ases_Inv.aspx. También se puede acceder al Portal del Usuario Financiero, donde se publican las advertencias realizadas: https://usuariofinanciero.bcu.gub.uy/recomendaciones-y-advertencias/
Tanto el asesor registrado como quien asesora sin habilitación pueden responder en tres planos. En lo administrativo, la Ley 18.627 faculta a la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU a aplicar sanciones a todas las personas que infrinjan las normas, no solo a las entidades registradas, sino que también se pronuncia cuando alguien aparenta una habilitación que no tiene difundiendo información falsa o tendenciosa sobrevalores para beneficiarse. En lo civil, el asesor registrado responde por incumplir sus deberes de diligencia, idoneidad y gestión de conflictos de interés, y el finfluencer, por los daños causados por una recomendación negligente o engañosa. En lo penal, si hubo maniobras para captar dinero o una presentación engañosa, como atribuirse un registro o una habilitación inexistente, podría configurarse una estafa.
Desde la óptica de la normativa de defensa del consumidor, debe tenerse en cuenta que publicitar productos financieros no está prohibido; sin embargo, se debe cumplir con las disposiciones de la Ley 17.250 (Ley de Relaciones de Consumo).
El primer aspecto a tener en consideración es que la publicidad debe transmitirse de forma que el consumidor pueda identificarla como tal, encontrándose prohibida la publicidad subliminal. En el caso de los influencers que promocionan productos o servicios financieros, es habitual que la publicidad no sea identificada como tal, sino que aparezca disimulada como una recomendación de un producto o servicio utilizado por el propio influencer.
Asimismo, cuando se ofrecen productos o servicios por cualquier medio de comunicación, incluyendo los digitales, debe proporcionarse información precisa, suficiente y veraz sobre los mismos; encontrándose prohibida la publicidad engañosa, esto es, aquella que contiene información falsa o que pueda inducir a error al consumidor.
Si bien el incumplimiento de las disposiciones de la Ley 17.250 puede dar lugar a responsabilidad administrativa, la posibilidad de sancionar a un influencer por realizar publicidad subliminal, engañosa o conteniendo información falsa, requiere analizar si el mismo reviste la calidad de proveedor, ya que la Ley no regula expresamente a los sujetos a quienes se les encarga únicamente la realización de publicidad.
El proveedor es definido como aquel “que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo”. Por lo tanto, para sostener que el influencer es proveedor, será necesario acreditar que el mismo comercializa los productos o servicios financieros que publicita; pues realizar publicidad no implica por sí solo quedar comprendido en ese concepto y, en consecuencia, bajo el ámbito de aplicación de la Ley antes mencionada. La mayoría de las veces sucederá que el influencer es contratado por un tercero para publicitar un producto o un servicio, pero no es quien lo comercializa, por lo que no reviste el carácter de proveedor. En cambio, en aquellos supuestos en los que el influencer derive a sus seguidores, por ejemplo, a un intermediario de valores a cambio de una comisión por ello, el mismo podría ser considerado un proveedor de servicios y por lo tanto quedar alcanzado por las disposiciones de la Ley 17.250.
No obstante, lo anterior no descarta que los finfluencers puedan ser objeto de reclamos judiciales, bajo el régimen de responsabilidad civil extracontractual, por parte de terceros que hubieran sufrido daños tras tomaren consideración sus recomendaciones. Claro está que, en tales casos, el tercero deberá acreditar, entre otros aspectos, que el finfluencer actuó con culpa y que esa actuación fue la causa del daño sufrido por el mismo; aspectos que pueden ser de difícil acreditación.
Finalmente, la Ley de Relaciones de Consumo consagra como un derecho básico del consumidor, la educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios (art. 6 lit. B de la Ley 17.250). Sin lugar a duda la educación en clave de derechos del consumidor es fundamental para lograr un mercado equilibrado, más aún cuando se trata de productos o servicios financieros. En este contexto, resulta fundamental que el Estado desempeñe un rol activo en la difusión de información sobre educación financiera, especialmente teniendo en cuenta los altos índices actuales de endeudamiento.
Asimismo, otras organizaciones también han contribuido a la temática. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONARP), ante el crecimiento de la publicidad realizada por influencers y de la promoción de servicios financieros a través de medios no tradicionales, publicó en 2021 un Anexo al Código de Normas Éticas relativo a los servicios financieros y en 2022 otro vinculado a la actuación de los Influencers. Aunque estos anexos no son obligatorios para quienes realizan publicidad de productos o servicios financieros, su contenido recoge los principales lineamientos de la Ley de Relaciones de Consumo en materia de publicidad e información, sirviendo como guía práctica para quienes participan en la publicidad por medios no tradicionales.